El borrador de la Comunicación de la Comisión Europea al que el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno, complementa otras medidas en este campo, como la directiva de retorno o la directiva sobre la tarjeta azul para inmigrantes cualificados.     Todas ellas tienen como objetivo el combatir la inmigración legal y potenciar la inmigración legal.     La directiva de sanciones impondría unas penas mínimas a nivel europeo para aquellos empleadores que contraten a inmigrantes de manera ilegal. Estos empleadores podrían ser multados, forzados a pagar los salarios atrasados o incluso ser sancionados con la prohibición de ser adjudicatarios de contratos públicos o con la imposibilidad de recibir ayudas estatales – nacionales o europeas-.     Estas sanciones se aplicarían en el caso de reiteración de la conducta prohibida, en el sentido de emplear a un gran número de personas de manera ilegal. También cuando las condiciones de trabajo supongan explotación laboral de la persona o cuando el empleado sea víctima del tráfico humano.     Si el empleador es declarado culpable, deberá devolver todas las posibles ayudas estatales recibidas el año anterior y será condenado a pagar una multa cuyo montante tendrá que ver con el número de personas empleadas de manera ilegal. Además, deberá abonar todos aquellos impuestos y tasas que debería haber pagado si la contratación hubiera sido legal y, adicionalmente, también deberá hacerse cargo de los costes de retorno del inmigrante.     Salvo que el empleador pruebe lo contrario, se asumirá que la relación laboral entre éste y la persona contratada ilegalmente ha durado tres meses.     El Parlamento Europeo también ha recomendado que la dureza de estas disposiciones debería relajarse en caso de que la contratación se haga con fines de servicio doméstico.     Si el empleador culpable es un subcontratado, la empresa que ha subcontratado los servicios también lo será; esta responsabilidad será total si la empresa contratante sabía que la subcontrata estaba actuando de manera ilegal.   Por último, el Parlamento ha solicitado a los Estados miembros que aseguren que las inspecciones de trabajo son lo suficientemente frecuentes para detectar los casos de contrataciones ilegales de inmigrantes.     Más información: Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del PE   Fuente: Servicio de Prensa del Parlamento Europeo