Los poderes públicos parlamentarios de la UE deberían tener capacidad para restablecer límites al 'precio de las cosas', de tal forma que el propio mecanismo de mercadoregulara dicho precio y no los intereses en favor de oligopolios/monopolios de oferta. Asímismo, los poderes públicos deberían tener la capacidad de aplicar ese control más intensamente en sectores estratégicos.

Por otra parte, los poderes públicos deberían limitar las etapas de intermediación dentro de los procesos de aprovisionamiento, producción y distribución, para reducir costes innecesarios. Finalmente, se deberían limitar los márgenes comerciales en las distintas etapas, de la misma forma que se limitan los tipos de intereses de las entidades financieras, a través de la desgravación del IVA, de manera que se pudiera controlar realmente la diferencia entre costes e ingresos en todas las etapas del producto.