La legislación europea debería defender y potenciar los derechos de los consumidores de ocio electrónico, que ven como los fabricantes de dispositivos electrónicos restringen artificialmente el uso de los mismos. Restricciones artificiales como los bloqueos regionales, de contenidos no licenciados o de libre distribución, de accesorios no oficiales o la imposibilidad de realizar copias privadas o de seguridad atentan gravemente contra la libertad de los usuarios y contra la libre competencia y el libre comercio.

La UE ha dado algunos pasos en pro de la interoperabilidad de los reproductores de audio portátiles y los DRM están empezando a dejar de utilizarse en la venta de música online. Sin embargo, la industria cinematográfica sigue imponiendo restricciones regionales que dificultan el uso de películas compradas fuera de Europa, e impidiendo la realización de copias privadas, por las que sí pagamos un canon compensatorio a las entidades de gestión de derechos de autor.

La situación aun es más grave con los fabricantes de videoconsolas, que no solo imponen restricciones regionales en la mayoría de los casos, sino que impiden la utilización de software de libre distribución o creado por los propios usuarios, obligando a utilizar únicamente software licenciado por el fabricante, mientras se aprovechan de las ventajas fiscales de importar sus dispositivos como hardware informático. Además, tampoco posibilitan la realización de copias de seguridad de los juegos y no prestan el servicio posventa adecuado en caso de rotura del soporte físico, a pesar de que hemos adquirido una licencia de uso de un software.

En la actualidad, para poder disfrutar plenamente de sus derechos y de los dispositivos comprados, los usuarios se ven obligados muchas veces a modificarlos, bien por software o por hardware, con la consiguiente pérdida de garantía y, en algunos casos, con la oposición de restrictivas leyes de copyright que anteponen políticas abusivas y anticompetitivas a la defensa del legítimo usuario.